La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 00119 de 2026 para adoptar lineamientos que orienten y fortalezcan la investigación de crímenes, amenazas y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación. Con esta decisión, la entidad busca acelerar las investigaciones por homicidios e intimidaciones relacionados con el ejercicio del periodismo, aplicando estándares de mayor rigor, oportunidad y enfoque diferencial.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, las agresiones contra periodistas trascienden lo individual. "No solo afectan de manera individual a las víctimas, sino que también impactan la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público", reconoce la entidad. Por eso, cada investigación deberá analizar no solo lo que le pasó al periodista, sino también los temas que venía denunciando, investigando o verificando en su labor informativa. El propósito es identificar posibles móviles asociados a censura, retaliación o intentos de silenciar información sobre intereses ilícitos.

Un cambio importante es que la resolución reconoce como periodista a cualquier persona que ejerza realmente la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales. Esto incluye a quienes trabajan en entornos digitales. De esta manera, cada caso se analizará considerando el posible efecto de amedrentamiento, autocensura o afectación a la circulación de información de interés público.

En términos operativos, la Fiscalía fortalecerá los procesos de recepción y registro de denuncias para identificar correctamente la condición de la víctima y el vínculo entre los hechos y su actividad periodística. Cuando exista riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, se priorizará la protección de la víctima verificando de inmediato el riesgo y activando mecanismos de protección para prevenir nuevas agresiones.

La entidad también articulará sus dependencias especializadas para facilitar el intercambio de información, el análisis conjunto de casos e identificar patrones criminales. Además, se establecerá un canal permanente de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, y se implementarán planes de capacitación para fiscales y servidores encargados de recibir denuncias.