La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión que genera tensión en el proceso de paz con grupos armados ilegales. Este martes anunció que mantiene las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, rechazando de facto la solicitud que había hecho el presidente Petro para que las suspendiera.

La decisión de la Fiscalía se sustenta en una exigencia clara: necesita contar con información que sea "suficiente y verificable" sobre el cumplimiento de los requisitos legales que rodean el avance del proceso de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. La entidad considero que sin estos respaldos documentales no puede proceder a levantar las medidas de captura.

El contexto es particular. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz había aceptado el 29 de abril a este grupo de integrantes del Clan del Golfo para que se trasladaran a Zonas de Ubicación Temporal durante junio, con una fecha límite del 25 de ese mes. Esto era parte de los acuerdos del proceso de negociación con la organización criminal. Sin embargo, la Fiscalía plantea que antes de garantizar el tránsito de estos hombres hacia esas zonas, requiere certeza sobre si se han cumplido todos los pasos legales necesarios para que el proceso sea válido.

El pulso entre la Fiscalía y la presidencia sobre este tema refleja las dificultades que atraviesan los diálogos de paz en el país. Mientras el gobierno busca avanzar en los acuerdos, la entidad investigadora insiste en que debe proteger el debido proceso y la legalidad del procedimiento antes de tomar decisiones que afecten órdenes de captura.