Durante la audiencia preparatoria de su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Nicolás Petro enfrentó una solicitud contundente de la Fiscalía: cinco días de cárcel por desacatar órdenes judiciales. El cargo es claro: no compareció a varias audiencias programadas en Barranquilla cuando tenía todo el tiempo disponible para hacerlo, contradiciendo la explicación que había dado sobre restricciones para comprar vuelos.

La Fiscalía presentó registros y datos públicos que ubican al hijo del presidente en Cartagena y Santa Marta precisamente en las fechas en que debería haber estado en las salas de juzgado. Las pruebas provienen de publicaciones en redes sociales de su pareja, Laura Ojeda, del 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026. Según la delegada del ente acusador, esto demuestra un desacato directo a las órdenes del juez, por lo que pidió la sanción de arresto con posibilidad de conmutación conforme a la ley.

Petro enfrenta dos investigaciones distintas. La primera lo acusa de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento, tráfico de influencias y peculado. Según la Fiscalía, habría utilizado su influencia para presionar la celebración de cinco contratos por más de tres mil millones de pesos a través de la Fundación Conciencia Social y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, desviando recursos que estaban destinados a niños y adultos mayores en el Atlántico. En ese esquema, habría delegado a su expareja Daysuris Vásquez para establecer contactos con funcionarios como Raúl José Lacouture Daza, secretario general de la Gobernación del Atlántico, y otras personas.

La segunda investigación, que arrancó en marzo de 2023 tras denuncias de su exesposa Daysuris Vásquez, lo indaga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, Petro recibió grandes sumas de dinero de personas como Samuel Santander Lopesierra, conocido como "El Hombre Marlboro" (exnarcotraficante), y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso "El Turco" Hilsaca. Estos recursos habrían sido destinados originalmente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero fueron utilizados para fines personales como la compra de bienes de lujo. Una prueba central es la declaración ante la DIAN de un aporte de 400 millones de pesos hecho por Hilsaca.

Ahora el juez debe evaluar si acoge la solicitud de arresto presentada por la Fiscalía. La decisión se conocerá en los próximos pasos del proceso.