La Fiscalía General de la Nación va por todo. Solicitará que se imputen cargos contra la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, por presuntas irregularidades en contratos de esterilización animal que se ejecutaron durante su gobierno. También pedirá una medida de aseguramiento en su contra. La audiencia quedó programada para el 2 de julio de 2026 a las 4 de la tarde, de manera virtual ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta. En el mismo proceso aparece vinculada Rosibel Carrillo de la Cruz.

Los delitos que se le atribuyen según la notificación judicial son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación (apropiación indebida de dinero público). El abogado Julián Quintana fue quien hizo público que la Fiscalía solicitó la imputación y medida de aseguramiento contra la exmandataria "por corrupción".

Esta investigación viene de lejos. Todo comenzó en noviembre de 2020 cuando el portal Seguimiento.co reportó las denuncias del veterinario Jherson Hernández, quien alertó sobre posibles sobrecostos en un contrato que promovió la Alcaldía de Santa Marta para jornadas de esterilización de perros y gatos. El contraste era notable: mientras Hernández y su equipo realizaron 976 esterilizaciones con cerca de 45 millones de pesos, la administración distrital proyectaba invertir 500 millones de pesos para apenas 2.000 procedimientos. Además, elementos médicos e insumos tenían valores muy superiores a los precios del mercado, sin contar gastos elevados en transporte, refrigerios y otros conceptos operativos.

El panorama se oscureció más en junio de 2023 cuando Seguimiento.co publicó nuevos hallazgos. Una licitación que inicialmente se planteó para ejecutar 8.000 esterilizaciones terminó reducida a 4.100 procedimientos, pero el presupuesto se mantuvo cerca de los 1.100 millones de pesos. La Contraloría Distrital encontró entonces hallazgos fiscales y administrativos por más de 684 millones de pesos.

Entre los desajustes que encontraron estaban inconsistencias en alquileres, compra de insumos, refrigerios que presuntamente nunca fueron entregados y posibles dobles gastos en vehículos. Los costos también mostraban anomalías particulares: camisetas, alquiler de sillas y mesas con precios superiores a su compra en el mercado, además de aumentos sospechosos en facturación de elementos veterinarios y publicitarios.