Carlos Ramón González, quien fue uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, sigue fuera del alcance de la justicia colombiana. El exfuncionario permanece resguardado en Nicaragua bajo protección de asilo político, lo que ha obligado a la Fiscalía a tomar medidas para evitar que su caso se diluya en el tiempo.

Durante una audiencia virtual el pasado 10 de junio, la fiscal María Cristina Patiño presentó formalmente una solicitud ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez: extender por un año más la medida de aseguramiento en contra de González. La Fiscalía considera que existe una clara "falta de voluntad" de su parte para comparecer ante los tribunales y garantizar su sometimiento al proceso penal. Patiño pidió directamente al Tribunal Superior de Bogotá "que extienda por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González", calificándolo como prófugo debido a una conducta procesal que no asegura su comparecencia efectiva.

Un obstáculo complicado se suma al caso: Interpol ya no tiene una alerta internacional vigente contra él. La Fiscalía explicó que el 3 de abril solicitó una nueva circular roja de Interpol, pero la organización respondió el 7 de abril que González había pedido "el retiro de la circular roja" y que la Secretaría General "procedería a su eliminación". En otras palabras, actualmente no existe ninguna alerta internacional de captura contra el exfuncionario.

La fiscal Patiño cuestionó con dureza que González participe en las audiencias por vía virtual. Señaló que "no basta con asistir virtualmente a las audiencias", pues esto no implica control efectivo del Estado. Advirtió que la comparecencia procesal requiere "el deber del Estado de poder ejercer control físico, incluso coercitivo si las circunstancias lo exigen", algo que en este caso "hoy no es posible". También argumentó que "la virtualidad no puede convertirse en un obstáculo para la protección de la comunidad", ni permitir que González "siga evadiendo su responsabilidad".

Las acusaciones contra González arrancan en septiembre de 2023 y se remontan a su rol como director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia). Según testimonios de exdirectivos de la Ungrd, habría sido el presunto articulador de un esquema de sobornos para asegurar el avance de reformas del gobierno en el Congreso. La Fiscalía señala que González presuntamente ordenó la entrega de 70 mil millones de pesos en contratos y 4 mil millones en efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Para el ente acusador, González "sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido".

El punto de quiebre llegó en julio de 2025, cuando se decretó su medida de aseguramiento. Pero para ese momento, González ya estaba fuera de Colombia. Labores de inteligencia lo ubicaron en Managua, Nicaragua, rastreando su conexión a las audiencias virtuales. El gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político. González argumentó una "persecución política, judicial y mediática impulsada por la extrema derecha colombiana", mientras su defensa sostiene que las acusaciones son "calumnias sin fundamento" y responden a un "montaje judicial".

La Fiscalía rechaza estas argumentaciones como una estrategia para impedir su "detención y sometimiento al cumplimiento de la decisión judicial". Con la medida de aseguramiento vigente próxima a vencer el 2 de julio de 2026, el ente acusador busca su prórroga para que el proceso por lavado de activos, cohecho y peculado no pierda continuidad. El magistrado Fabio David Bernal Suárez anunciará el 24 de junio su decisión, un momento clave en un caso que sigue marcando el pulso político y judicial colombiano.