Los problemas legales del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar parecen no tener fin. Mientras enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presunto acoso sexual, ahora la Fiscalía General de la Nación le pide que sea condenado por corrupción en la administración pública durante su época como alcalde de Santa Marta.

En la más reciente audiencia, los fiscales solicitaron formalmente una condena contra Caicedo por las irregularidades en tres obras de infraestructura sanitaria e infantil. El Centro de Desarrollo Infantil de Bonda y el puesto de salud de Mamatoco nunca fueron entregados y hoy son solo estructuras deterioradas. El CDI de Ciudad Equidad sí comenzó pero quedó incompleto y con serios problemas en su construcción. A pesar de estos fracasos, se ejecutaron cuantiosos contratos y se aprobaron millonarias adiciones al presupuesto para tratar de arreglarlo todo.

Según la Fiscalía, "derivaron en obras inconclusas, millonarios sobrecostos y afectaciones al acceso a servicios de salud para la ciudadanía". El ente acusador pide que Caicedo sea condenado por peculado (apropiación de dinero público a favor de terceros) y celebración de contratos sin cumplir requisitos legales. Es particularmente grave el caso del puesto de salud de Mamatoco, por el cual se desembolsaron más de 6.500 millones de pesos sin que la obra se ejecutara.

El fiscal presentó documentos que demuestran que Caicedo tenía pleno conocimiento del estado fallido de estos proyectos. Incluso después de que empezaron los problemas, el exalcalde firmó más contratos adicionales no para arreglar la situación de raíz, sino para "intentar subsanar el caos de las obras a medio hacer". Según el fiscal, esto no fue un acto de ignorancia: "Conocía que podía estar vulnerando una norma penal y tuvo la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico".

En su defensa, Caicedo sostuvo que fue víctima de engaños de sus colaboradores. Sin embargo, el fiscal argumentó que quedó demostrada la intención deliberada de actuar en contra de la ley. El caso también revela que durante su administración ordenó la demolición de centros de salud en Bastidas, Candelaria, Taganga y La Paz presuntamente sin planificación adecuada, lo que generó una cadena de obras inconclusas y contratos que subieron aún más los costos.