La Fiscalía General de la Nación le pidió al juez que ordene cinco días de arresto para Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, así como para su abogado Alejandro Carranza. La razón es que no han asistido de manera presencial a varias audiencias en el proceso que se lleva en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La solicitud se presentó durante la audiencia preparatoria del lunes 27 de abril.

La fiscal del caso, Lucy Laborde, fue clara en su argumentación: el procesado ha incumplido de forma reiterada las órdenes judiciales que le exigían estar presente físicamente en las diligencias, a pesar de haber sido advertido sobre los riesgos de participar solo virtualmente.

Lo que genera mayor preocupación para la Fiscalía es que Nicolás Petro ha justificado su inasistencia alegando problemas de seguridad que le impedirían viajar desde Barranquilla hasta Bogotá. Sin embargo, el ente investigador cuestionó esta versión al presentar evidencias de múltiples viajes del exdiputado del Atlántico a otras ciudades del país en fechas recientes. Entre esas pruebas están publicaciones en redes sociales de su pareja, Laura Ojeda, que lo ubicarían en distintos lugares fuera de Barranquilla durante octubre, diciembre de 2025 y enero de 2026.

Además de eso, la Fiscalía informó que solicitó información al Club Naval de la Armada Nacional en Cartagena, y los datos indicarían que Nicolás Petro ingresó en al menos seis ocasiones a esas instalaciones después de haber sido incluido en la llamada lista Clinton. Este hecho, según la acusación, contradice directamente su argumento de que no podía viajar ni adquirir tiquetes aéreos.

La defensa ha insistido en que estas restricciones son reales y que incluso las aerolíneas le niegan la venta de pasajes. Pero la Fiscalía aseguró haber recolectado información en fuentes abiertas y bases de datos públicas que demuestran su capacidad de movilización. Para la fiscal Laborde, estos hallazgos evidencian un posible desacato a las órdenes impartidas por el juez, razón por la cual solicitó la imposición de una sanción de arresto con posibilidad de conmutación.

El juez anunció que evaluará la solicitud y comunicará su decisión por escrito, sin hacerlo público en audiencia. Mientras tanto, fijó para los próximos 7 y 8 de mayo la continuación de las diligencias judiciales. Nicolás Petro enfrenta además una segunda investigación que se originó en marzo de 2023 tras denuncias de su expareja Daysuris Vásquez, en la que presuntamente habría recibido dineros destinados a la campaña presidencial de 2022 que fueron utilizados para adquisición de bienes de lujo.