En un giro importante dentro del debate sobre la política de paz total del Gobierno, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de dirigirse directamente al presidente Gustavo Petro con un mensaje claro: reactiva la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de un grupo disidente activo en el suroriente colombiano. La solicitud llega apenas una semana después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijera públicamente que él estaba de acuerdo con levantar esa orden, aunque aclarara que la última palabra la tiene el presidente.

El trasfondo de este pulso institucional es que desde principios de 2024, cuando arrancó el proceso de diálogos dentro de la paz total, las órdenes de captura contra Calarcá fueron suspendidas. Se trataba de darle una oportunidad a la negociación. Pero desde entonces, denuncian autoridades locales, este líder guerrillero no ha parado de delinquir. Y esa es precisamente la razón que la fiscal Camargo trae en su carta.

Lo que la Fiscalía plantea es contundente: argumenta que se ha desvirtuado completamente la voluntad genuina de paz. Es decir, que los beneficios que le otorgaron a Calarcá y a sus hombres no los utilizaron para dejar las armas, sino para seguir cometiendo crímenes. En su misiva, la fiscal se apoya en las competencias constitucionales de la Fiscalía para ejercer la acción penal y proteger a las víctimas, y cita leyes como la Ley 2272 de 2022, que permite los diálogos de paz, y la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que define el papel de la Fiscalía en estos temas.

Pero lo más impactante de la carta son los hechos concretos que la Fiscalía usa para respaldar su petición. Cita cuatro grandes actos de violencia extrema que habrían ocurrido después de que Calarcá recibiera sus beneficios. El primero fue el homicidio de Carmelina Yule, lideresa Nasa de Toribío en el Cauca, asesinada en marzo de 2024, apenas dos meses después de que recibiera el beneficio. El segundo fue una masacre en Miravalle, Guaviare, donde la Fiscalía reporta 26 personas ejecutadas, entre ellas siete menores de edad, en lo que califica como una ejecución y no como enfrentamiento armado.

A esto se suma una campaña criminal sostenida entre 2024 y 2025 con 19 atentados explosivos contra comercios en Granada, Villavicencio y Acacías. Y en julio de 2024, un ataque con minas antipersonales en Valdivia, Antioquia, que dejó seis soldados muertos. Con este panorama sobre la mesa, la Fiscalía sostiene que es insostenible mantener suspendida una orden de captura contra alguien que, según su criterio, está usando los beneficios de la paz para seguir sembrando terror.