Fiscalía pedirá extradición de dos capturados en Venezuela por muerte de Yulixa Toloza

La Fiscalía colombiana solicitará la extradición de Edinson José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández, capturados en Venezuela y señalados de responsables en la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético ilegal en Bogotá el 13 de mayo. El proceso enfrenta un desafío legal importante: si los detenidos tienen nacionalidad venezolana, ese país constituccionalmente no extradita a sus nacionales. Los abogados consultados advierten que los hechos podrían configurar múltiples delitos con penas de 50 a 60 años de prisión.
Después de varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la extradición de dos personas capturadas en Venezuela en relación con la muerte de Yulixa Toloza. Se trata de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30, quienes fueron localizados en la noche del martes en territorio venezolano gracias a una notificación azul de Interpol. Ambos son señalados como responsables de los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio.
El procedimiento de captura ocurrió en el municipio de Guanare, estado Portuguesa, donde fueron interceptados cuando regresaban desde Colombia junto a sus dos hijos menores y la madre de Delgado. Delgado Hernández es la propietaria del centro de estética Beauty Láser ML, donde todo comenzó. La detención se realizó bajo la coordinación del Servicio de Investigación Penal venezolano, y las autoridades los mantienen bajo custodia mientras avanzan las acciones legales entre las dos naciones.
El tragedia de Yulixa Toloza comenzó el 13 de mayo cuando la mujer de 52 años entró al centro estético ubicado en el barrio Venecia de Bogotá para someterse a un procedimiento de lipólisis láser (eliminación de grasa con láser). Lo que pasó después reveló una operación completamente ilegal. El establecimiento funcionaba sin permisos sanitarios, y horas después de la intervención, Toloza comenzó a presentar graves complicaciones de salud. Videos de seguridad mostraron el momento en que fue sacada inconsciente del lugar y trasladada en un vehículo particular. Days más tarde, ese automóvil fue hallado escondido en un garaje de Cúcuta, pista crucial que permitió a las autoridades seguir el rastro de los sospechosos.
El hallazgo del cuerpo de Yulixa fue confirmado esta semana en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, oficializó lo que muchos temían: "Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, que en el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy, sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca".
Sin embargo, el proceso de justicia enfrenta un obstáculo considerable. Según explicó el abogado penalista Andrés Jiménez en entrevista con el medio Minuto 60, "representan un grande reto en materia de justicia para que esas personas sean presentadas frente a un juez de la República de Colombia". Jiménez explicó que Colombia podría activar mecanismos de extradición conforme al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, pero hay un problema: las informaciones preliminares sugieren que los detenidos son de nacionalidad venezolana. Venezuela, por disposición constitucional, no extradita a sus propios ciudadanos, lo que complica significativamente el proceso.
La otra alternativa mencionada por el abogado es una deportación expedita, aunque esto también depende de las negociaciones diplomáticas. Mientras tanto, abogados analizan la gravedad de los cargos. El jurista Francisco Bernate señaló que los hechos configuran múltiples tipologías penales: violación de medidas sanitarias por operar sin permisos, homicidio doloso agravado dado el funcionamiento temerario del lugar, y desaparición forzada por haber ocultado el cadáver. "Todas estas conductas podrían acarrear para los responsables penas que oscilarían entre cincuenta y sesenta años de prisión efectiva", puntualizó Bernate.
Fuente original: El Colombiano - Colombia


