Las autoridades colombianas dieron un golpe contra las redes de explotación sexual en Medellín. La Fiscalía General de la Nación ordenó la ocupación de dos propiedades ubicadas en el centro de la ciudad, avaluadas en más de 11.000 millones de pesos, que habrían servido como escenarios para cometer delitos contra menores de edad.

Según la investigación fiscal, el establecimiento funcionaba como motel y se usaba de manera sistemática para facilitar la explotación sexual de niñas y adolescentes. Durante los procedimientos realizados en el lugar, los investigadores documentaron el ingreso recurrente de menores "quienes presuntamente eran sometidas a actividades vinculadas con el delito de estímulo a la prostitución", según señaló la Fiscalía. Los indicios recogidos durante la investigación fueron determinantes para que la justicia decidiera actuar.

Pero el problema en este lugar no se limitaba a la explotación sexual. La Fiscalía también encontró "indicios de que el establecimiento sería utilizado como punto de almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes", agregando otra dimensión criminal a la operación de este sitio en el centro de Medellín.

Las medidas de embargo y secuestro fueron ordenadas por una fiscal especializada en extinción de dominio y ejecutadas con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Ahora los bienes quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad responsable de mantener y cuidar las propiedades mientras la justicia define definitivamente si pierden su dominio de manera permanente a través del proceso de extinción de dominio.