Un nuevo pulso entre instituciones marca el proceso de paz con el Clan del Golfo. La Fiscalía General anunció que no acatará automáticamente la orden de suspender captura contra 29 miembros del grupo armado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, a pesar de que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ya lo autorizó en resolución formal.

El Gobierno había aceptado "de buena fe" el listado entregado por el grupo para iniciar el traslado progresivo hacia las Zonas de Ubicación Temporal a partir del 25 de junio. Sin embargo, la Fiscalía plantea un obstáculo importante: dice que no tiene suficiente información verificable sobre si realmente se cumplen los requisitos legales para considerar que el proceso está en etapa avanzada.

La Fiscalía explica que por ahora se abstendrá de dejar de ejecutar órdenes de captura "de manera general, automática e inmediata" antes de esa fecha. En cambio, inició verificaciones individuales de cada uno de los 29 nombres para confirmar identidad, situación judicial, órdenes vigentes y pertenencia real al grupo.

La entidad investigadora argumenta que el Gobierno solo ha comprobado el compromiso de ingreso a las zonas, pero no ha demostrado avances concretos hacia la verdadera desmovilización. Para avanzar, exige evidencias de desmantelamiento de estructuras armadas, cese de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, entrega de menores reclutados, ubicación de desaparecidos, desminado de territorios, entrega de armas y abandono de economías ilegales.

Con tono claro, la Fiscalía precisó que "La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización y el sometimiento a la justicia, no como una habilitación general de movilidad". La inmunidad de tránsito comenzaría solo del 25 de junio en adelante.

Entre los capturados está Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', uno de los principales cabecillas del grupo y requerido en extradición por Estados Unidos. La Fiscalía recordó que la Corte Suprema ya aprobó su extradición en diciembre de 2025 e instó al Gobierno a mantener los compromisos de cooperación judicial internacional.

La Fiscalía cerró aclarando que cualquier suspensión temporal de órdenes no termina las investigaciones ni restringe competencias de jueces y fiscales para continuar con los procesos judiciales.