El antiguo director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no irá a prisión por ahora en el caso del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990. La Fiscalía decidió no solicitar una orden de captura contra Miguel Alfredo Maza Márquez, aunque mantiene abierta la investigación sobre su posible participación en el crimen.

Los investigadores consideran que el exjefe de seguridad del Estado tuvo responsabilidad en debilitar el esquema de protección de Pizarro. También sospechan que hubo filtraciones sobre sus movimientos y una coordinación entre funcionarios del DAS y estructuras paramilitares encabezadas por los hermanos Castaño que habría facilitado el atentado. A pesar de estas sospechas, la Fiscalía determinó que no había razones constitucionales para ordenar su detención preventiva.

La decisión obedeció principalmente a que Maza Márquez tiene una edad avanzada y problemas de salud. Hace apenas unos meses recuperó su libertad después de pasar 12 años en prisión por su rol en el magnicidio del otro candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989. Ahora cumple una condena de aproximadamente 11 años de libertad vigilada "contados a partir de la suscripción del acta de compromiso, previa constitución de caución prendaria en cuantía de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes".

La Corte Suprema de Justicia ya había determinado que Maza Márquez participó en el plan para matar a Galán debilitando su seguridad. Para ello, colocó al teniente Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas, un hombre que según la investigación "no cumplía con los mínimos de experiencia para proteger al personaje público más amenazado del país para la época". El tribunal también documentó que facilitó la entrada al país del israelí Yair Klein, quien entrenó a miembros de autodefensas en el Magdalena Medio a finales de los años 80, incluso a uno de los señalados como asesino de Galán.

Aunque la investigación sobre el caso Pizarro sigue adelante bajo la Ley 600, Maza Márquez ya fue rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tanto en 2020 como en 2022. La justicia transicional lo descartó por presuntos vínculos con el paramilitarismo y porque consideró que los hechos ocurrieron antes de la fecha en que comenzó la competencia temporal de esa entidad.