La Fiscalía General de la Nación frena por ahora cualquier intención de levantar las órdenes de captura contra 29 líderes del Clan del Golfo. No es un no definitivo, sino una decisión que deja clara una condición: primero tiene que haber verificación de que estos grupos cumplan sus compromisos de paz.

Según el ente investigador, la suspensión de las capturas solo se materializaría después del 25 de junio, fecha en la que entrarían en funcionamiento las zonas de ubicación temporal. Pero eso está lejos de ser automático. La Fiscalía estableció tres requisitos que no son negociables: el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, tiene que dejar de violar derechos humanos y derecho internacional humanitario, entregar a todos los menores que tiene reclutados y frenar sus operaciones de narcotráfico.

En el centro de esta tensión está Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla de la organización criminal. Sobre él pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, lo que complica aún más cualquier negociación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto: "La justicia no se negocia. Celebro la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo, de negar las pretensiones de Petro y mantener las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo. En Colombia no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan a nuestra gente. Los acuerdos de extradición se cumplen."

La posición de la Fiscalía refleja un equilibrio delicado: no cierra la puerta a un proceso de paz, pero tampoco regala nada. Cada paso dependerá de que estos grupos demuestren con hechos, no con palabras, que están dispuestos a cambiar.