La Fiscalía no cierra la puerta a la posibilidad de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay haya sido un crimen de Estado, pero dejó claro que por ahora no tiene evidencia suficiente para afirmarlo. Así lo reveló la periodista Darcy Quinn en La FM después de consultar directamente con la entidad durante la conmemoración del aniversario del atentado contra el entonces senador y excandidato presidencial. Según explicó, la postura oficial es que ninguna línea de investigación puede ser descartada de manera anticipada, pero tampoco puede respaldarse de forma concluyente en este momento.

Cuando la familia de Miguel Uribe Turbay preguntó específicamente si existía una hipótesis relacionada con un crimen de Estado, la respuesta de la Fiscalía fue que la entidad no puede eliminar esa posibilidad del proceso investigativo. No obstante, Quinn aclaró que "hasta el momento no hay ninguna evidencia consistente que la fortalezca". En otras palabras, los investigadores tampoco cuentan con fundamentos sólidos para descartar completamente esa hipótesis. La Fiscalía resumió su posición de manera clara: "no tiene cómo afirmar que se trate de un crimen de Estado", pero carece de argumentos para desmentirlo de forma definitiva.

Mientras mantiene esa cautela sobre la naturaleza política del crimen, la Fiscalía sí tiene una línea investigativa muy clara. Según Quinn, la entidad apunta hacia integrantes de la Segunda Marquetalia como responsables del magnicidio. La periodista afirmó que vienen "órdenes de captura e imputaciones" dirigidas contra miembros de esa estructura armada que, conforme a los reportes de inteligencia, se encontrarían en territorio venezolano.

Entre las acciones que prepara la Fiscalía están las imputaciones contra Iván Márquez y otros integrantes de la organización, a quienes considera presuntos autores intelectuales del asesinato. La entidad buscaría además la colaboración del gobierno de Estados Unidos para hacer efectivas las órdenes de captura que expida. Quinn también señaló que existen reportes de inteligencia militar indicando que algunos miembros de la organización estarían desplazándose hacia territorio colombiano.

Las próximas actuaciones judicales estarán enfocadas en avanzar contra quienes la Fiscalía considera responsables intelectuales del crimen. Sin embargo, mantiene su postura de no cerrar ninguna hipótesis hasta contar con pruebas que permitan sustentar una determinación judicial definitiva. El caso, que aún permanece en investigación desde el atentado ocurrido durante un evento político en Bogotá, continúa siendo uno de los más sensibles y complejos del país.