La Fiscalía decidió que la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, seguirá suspendida. Esta decisión llegó tras una reunión entre delegados del ente acusador y funcionarios del alto comisionado de Paz. Sin embargo, la determinación contrasta con lo que está ocurriendo en los territorios donde opera el jefe disidente de las Farc: su grupo mantiene un accionar violento en distintas zonas del país, según los reportes que llegan a Bogotá.

La fiscal general Luz Adriana Camargo había advertido hace pocos días que la cosa estaba al borde del precipicio. Señaló que "la falta de voluntad de paz y la continuidad en la comisión de delitos graves podrían llevar a la reactivación inmediata de la orden de captura contra alias 'Calarcá'". También fue clara en otro punto: los beneficios jurídicos en el marco de los diálogos están condicionados al cumplimiento de compromisos verificables, como el cese de actividades delictivas. La Fiscalía cuenta con pruebas que vincularían directamente a Calarcá con hechos graves posteriores a su designación como vocero, basadas en interceptaciones y cruces de información que evidenciarían su presunta participación en delitos de alto impacto.

El gobernador de Caquetá, Luis Fernando Ruiz, ha sonado la alarma. Ha recibido más de 100 reportes sobre situaciones de seguridad y vulneraciones a la población que presuntamente son atribuibles al grupo comandado por Díaz. Su administración ha remitido estos reportes al Gobierno Nacional sin que, hasta el momento, se haya adoptado alguna acción o se haya recibido respuesta oficial. Ruiz lo dejó claro en diálogo con la revista Semana: "El problema es que, mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente".

Los números cuentan una historia preocupante. La facción de Calarcá pasó de tener 1.400 integrantes en 2022 a 2.958 a finales de 2025. Actualmente opera en 10 departamentos y ejerce influencia en cerca de 100 municipios. Su grupo cobra extorsiones a ganaderos (entre 10.000 y 15.000 pesos por cada cabeza de ganado), comerciantes, transportadores y dueños de estaciones de servicio en Meta, Caquetá y Huila. Documentado por la Fuerza Pública está que Calarcá negocia directamente el intercambio de lingotes de oro por lotes de hasta 100 fusiles con intermediarios en el Meta. También controla enclaves de producción en el Catatumbo y Putumayo, suministrando insumos a cultivadores y monopolizando la compra de pasta base de coca.

Lo más ingenioso de la operación es cómo el grupo ha perfeccionado un modelo para legitimarse ante la población civil. Utiliza dinero del crimen para financiar obras como una gran arrocera en San Juan de Losada (Meta), donde vincula laboralmente a la gente del territorio. Expertos consultados indican que Calarcá utiliza los acuerdos de la mesa de paz para decirle a la gente en el territorio: "esto es gracias a mi gestión en la mesa", logrando que el Estado legitime su poder ilegal al rendir cuentas a organizaciones sociales cooptadas.

Alexander Díaz no fue firmante del Acuerdo de Paz de 2016. Aunque pertenecía al Frente 7 de las extintas FARC, decidió no ubicarse en las zonas de concentración y se mantuvo "a la sombra" en la insurgencia. Ingresó a las antiguas FARC a finales de los años 90, antes de la zona de distensión del Caguán. Pasó de ser cabecilla de escuadra en 1999 a comandante de compañía en 2005, consolidándose posteriormente como tercer y segundo cabecilla de dicha unidad entre 2011 y 2016. En sus registros figura con un curso técnico acreditado en finanzas, habilidad que ha sido fundamental para gestionar el crecimiento económico de su estructura. Reportes de inteligencia lo señalan como responsable de orientar y dirigir la instalación y activación de campos minados y el lanzamiento de granadas a miembros de la Fuerza Pública e instalaciones educativas.