Después de dos audiencias suspendidas, la Fiscalía General consiguió concretar la imputación de cargos contra Juliana Guerrero en el proceso que se adelanta por la presunta falsificación de títulos académicos. Según la investigación, estos documentos habrían servido para que intentara cumplir con los requisitos exigidos y aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

Durante la diligencia, los investigadores expusieron que Guerrero habría usado documentos que lucían legítimos, con firmas y formatos institucionales incluidos, para fortalecer su hoja de vida. La fiscal señaló que lo hizo "Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes".

La Fiscalía aclaró que los títulos académicos funcionan como documentos públicos porque son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Por eso advirtió que usarlos de manera indebida no solo afecta la fe pública, sino que daña directamente la confianza en las instituciones del Estado. "Los anteriores documentos ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos", precisó la delegada.

Según la imputación, Guerrero presentó certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos que establece la ley. Aun así, decidió incluirlos en su currículum para satisfacer las exigencias del cargo que buscaba. La fiscal fue contundente al señalar que "Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador".

El momento exacto en que se consumó el delito fue cuando Guerrero cargó esos documentos en SIGEP II, la plataforma oficial de contratación estatal. "El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del SIGEP II", explicó la Fiscalía. Los investigadores también enfatizaron que los documentos tenían todos los elementos formales necesarios para parecer auténticos y lograr engañar a la administración pública.

La conclusión de los fiscales fue que Guerrero actuó enteramente consciente de que sus acciones eran ilegales. "Era una persona con plena capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento (...) y decidió contrariar el ordenamiento jurídico", sostuvo la fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juliana Andrea Guerrero Jiménez los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. También en el mismo proceso fue vinculado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien enfrenta el cargo de falsedad ideológica en documento público.