La investigación del cartel de las regalías sigue avanzando y esta semana llegó a un escalón más alto: la Fiscalía enviará copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la ministra de Ambiente Irene Vélez y a la ex viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, quien hoy hace parte de la junta directiva de Ecopetrol. Según la acusación, ambas funcionarias habrían tenido un rol clave en convertir la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca, en el corazón de una operación ilegal para desviar recursos públicos.

En el caso de la ministra Vélez, la Fiscalía concentra su mirada en una resolución que ella firmó el 19 de septiembre de 2025. Mediante esa Resolución 1339, el Ministerio de Ambiente designó a Aremca como ejecutora de un proyecto de restauración ambiental en municipios del Cesar como Valledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná. El contrato superaba los 24 mil 240 millones de pesos. El problema, según el ente acusador, es que esa decisión habría sido ilegal desde el principio. "Esta Fiscalía delegada efectuará la respectiva compulsa de copias a la ministra, pues se entiende que todo lo que viene en adelante es ilícito si la causa de algo es un ilícito. Todo lo que sigue y los efectos subsiguientes a esa causa devienen en ilegalidad", aseguró el fiscal en revelaciones hechas por La Fm. Los investigadores cuestionan también que Aremca tuviera la capacidad técnica para ejecutar un proyecto de esa magnitud. La Fiscalía señala que la asociación carecía de experiencia, especialización e idoneidad para desarrollar programas complejos de restauración ecológica, algo que el Ministerio de Ambiente debería haber conocido antes de entregar la ejecución del contrato.

La operación era más vasta de lo que podría parecer. La Fiscalía identificó cómo funcionaba el esquema: personas dentro de la estructura habrían articulado acciones para que Aremca fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez conseguían esa designación, el paso siguiente era direccionar contratos. La directora especializada contra la corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, explicó que "presuntamente direccionaron 101 contratos por un valor superior a 496.000 millones de pesos". Estos contratos abarcaban obras civiles, interventorías y proyectos ambientales relacionados con saneamiento básico, agricultura y alimentación. Las irregularidades detectadas comprenden departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

Gustavo Bolaños Pastrana, considerado por los investigadores como uno de los presuntos arquitectos de la red criminal, fue capturado el 20 de abril junto a otros ocho implicados: Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáenz Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. Ninguno aceptó los cargos formulados en las audiencias de imputación. Se les imputa concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

Las pesquisas revelaron que dentro de la organización había representantes legales, coordinadores financieros, funcionarios administrativos y operadores que movían contratos y recursos. Durante las investigaciones también se detectaron otras irregularidades: la presunta apropiación indebida de más de 3 mil 200 millones de pesos en proyectos que debían ejecutarse en Arauca y la omisión de retención de cerca de 14 mil millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública. Lo que emerge es una maquinaria que habría operado en buena parte del país usando recursos que tenían destinos muy diferentes: educación, salud y desarrollo en los territorios.