El sistema de salud colombiano vuelve a estar en el centro de la polémica tras la muerte de Kevin Acosta, un niño diagnosticado con hemofilia que pasó dos meses sin acceder al medicamento que necesitaba para prevenir hemorragias. El menor falleció el 13 de febrero y ahora la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer si hubo omisiones de funcionarios de la Nueva EPS, la entidad responsable de su atención.

Según lo conocido, Kevin dejó de recibir su tratamiento desde diciembre, a pesar de que se trataba de un fármaco esencial que debía aplicarse cada 21 días para evitar sangrados internos. La indagación busca determinar si la Nueva EPS negó o retrasó el suministro de este medicamento vital. El caso se ha convertido en un reflejo de la crisis financiera que atraviesan varias EPS en el país y del impacto devastador que estas dificultades tienen en pacientes con enfermedades crónicas o poco frecuentes.

La polémica aumentó después de que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hicieran una alocución el 16 de febrero. En esa oportunidad, ambos funcionarios atribuyeron inicialmente la muerte a un accidente en bicicleta y sugirieron que su madre debería haberlo prevenido. También mencionaron que la familia habría rehusado autorizar una cirugía en la cabeza para tratar una hemorragia derivada del golpe. Sin embargo, en esas declaraciones no mencionaron que el niño llevaba dos meses sin recibir el medicamento preventivo que requería periódicamente.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud información sobre los planes de trabajo para cerrar y certificar los estados financieros de la Nueva EPS de 2023 y 2024. La Procuraduría pidió detalles sobre la legalización de anticipos, gestión de proveedores, acceso a tecnologías en salud y auditoría de cuentas médicas. La Superintendencia tiene cinco días hábiles para entregar los soportes sobre las medidas que ha adoptado.

Expertos en derecho penal advierten que este caso podría resultar en responsabilidades penales y disciplinarias. El penalista Fabio Humar señaló que la no entrega oportuna de un medicamento vital podría constituir un "delito omisivo" e incluso una investigación por homicidio por omisión. Por su parte, el abogado Saúl León explicó que funcionarios con deberes de inspección, vigilancia o gestión directa del acceso al tratamiento podrían enfrentar sanciones si se comprueba una omisión en el ejercicio de sus funciones.

Las autoridades deberán establecer si entidades como la Superintendencia de Salud o el Ministerio de Salud conocían la situación del menor y no actuaron dentro de sus competencias. Mientras tanto, el caso de Kevin Acosta reaviva un debate fundamental sobre cómo se garantiza el derecho a la salud en Colombia y qué ocurre cuando ese derecho falla para los más vulnerables.