Lo que comenzó como una imagen viral en redes sociales terminó en los escritorios de la Fiscalía. En Aguachica, municipio del Cesar, un carrotanque recorría las calles con propaganda de los congresistas Didier Lobo, de Cambio Radical, y Ape Cuello, del Partido Conservador Colombiano. El problema es que mientras tanto, el pueblo llevaba meses sin agua suficiente y este vehículo aparentemente estaba distribuyendo el líquido vital en plena contingencia de baja presión que afecta al municipio desde enero.

La Fiscalía General de la Nación ya movió fichas. Abrió una indagación por el presunto delito de corrupción al sufragante, es decir, por usar una necesidad básica como herramienta de campaña política. El caso quedó en manos de la Dirección Seccional Cesar, específicamente en la Unidad de Administración Pública. Por ahora estamos en etapa de indagación preliminar y la Policía Judicial está en terreno recopilando pruebas.

Lo más grave es cómo supuestamente se estaba distribuyendo el agua. El abogado Francisco Peláez, en entrevista con Caracol Radio, describió un patrón preocupante: "Van a una casa sí y una casa no; donde son afines les dan agua aprovechándose de la situación del pueblo usando los hidrantes públicos. Esto es un delito". Según los denuncios, personas vinculadas a las campañas iban de casa en casa con planillas en mano, entregando agua de manera selectiva y aparentemente condicionada a respaldos políticos para las elecciones legislativas de marzo.

Además de esto, se ha señalado que una empresa conectada con un familiar de la alcaldesa local también venía distribuyendo agua en varios barrios. Didier Lobo salió a negar que estuviera usando recursos públicos con propósitos electorales, pero por ahora ni él ni Ape Cuello han emitido comunicados oficiales sobre las acusaciones.

La Fiscalía tendrá que determinar si realmente hubo constreñimiento o incentivo al voto en estas entregas, y si participaron servidores públicos o particulares en algún delito. Lo que sí es claro es que en redes sociales y medios locales la indignación crece, aunque por ahora la Registraduría y otras autoridades electorales no han confirmado públicamente si abrieron investigaciones formales.