Fiscalía investiga a Nelson Velásquez por presentación en cárcel de Itagüí financiada por narcotraficantes
La Fiscalía abrió investigación contra el cantante vallenato Nelson Velásquez por una presentación musical realizada el 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, presuntamente pagada con dinero de jefes del narcotráfico. También investiga por prevaricato a funcionarios del Inpec que permitieron el acceso irregular del artista y su equipo. El Gobierno ordenó traslado de internos implicados, suspensión de diálogos y apartamiento provisional de 11 funcionarios penitenciarios.
Un show musical dentro de los muros de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí terminó generando una investigación judicial de gran magnitud. La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso preliminar contra Nelson Velásquez, reconocido cantante vallenato, buscando determinar si el artista cometió enriquecimiento ilícito al recibir un pago que, según sospechan las autoridades, provino de estructuras criminales de Medellín.
Lo que despertó las alarmas fue precisamente el origen del dinero. Investigadores trabajan para establecer si los fondos utilizados para contratar la presentación del 8 de abril provenían de actividades ilícitas. El evento se realizó en un pabellón donde hay recluidos capos condenados por extorsión y tráfico de drogas, lo que levantó todas las banderas rojas posibles. Videos que circularon en redes sociales muestran al cantante interpretando sus éxitos mientras algunos internos consumían licor, algo completamente prohibido por la normativa penitenciaria.
La Fiscalía también apuntó sus investigaciones hacia adentro de la institución penal. Abrió un proceso por prevaricato por omisión contra varios funcionarios del Inpec, pues el interrogante que nadie puede responder es cómo fue posible que un artista y su equipo técnico ingresaran de manera irregular a una cárcel de máxima seguridad, saltándose todos los protocolos de vigilancia. Según la información disponible, la fiesta habría sido organizada para celebrar el cumpleaños de un jefe criminal conocido como 'Pocho' y despedir a otro apodado 'Lindolfo'.
Las consecuencias no demoraron. El Gobierno nacional tomó decisiones drásticas: los cabecillas implicados fueron trasladados a penales en Bogotá, se congelaron los diálogos que venía sosteniendo una mesa sociojurídica con grupos del Valle de Aburrá, y once funcionarios del Inpec fueron apartados provisionalmente de sus cargos. Dentro del penal se incautaron celulares, drogas y licor, evidenciando que los controles en estas cárceles de máxima seguridad tienen fisuras profundas que los criminales han sabido aprovechar para vivir con privilegios que el sistema no debería permitir.
Fuente original: Noticias Valledupar

