Fiscalía investiga a Nelson Velásquez por cantar en fiesta de narcotraficantes en cárcel de Itagüí
El cantante vallenato Nelson Velásquez está siendo investigado por enriquecimiento ilícito después de presentarse en una celebración dentro de la prisión de máxima seguridad de Itagüí, donde supuestamente narcotraficantes le pagaron para que cantara. El Inpec separó provisionalmente a 11 funcionarios por permitir el ingreso irregular del artista, y el Gobierno de Gustavo Petro ordenó trasladar a varios cabecillas a Bogotá como respuesta al escándalo.
Un concierto dentro de una de las cárceles más vigiladas del país terminó destapando un escándalo que tiene a las autoridades en alerta máxima. La Fiscalía General abrió una investigación preliminar contra el cantante vallenato Nelson Velásquez acusándolo de enriquecimiento ilícito, luego de que videos que circularon en redes sociales lo mostraran cantando en la prisión de Itagüí, en Antioquia, en una fiesta organizada por presuntos narcotraficantes.
El caso revela grietas preocupantes en el sistema penitenciario colombiano. Los hechos ocurrieron el 8 de abril durante una celebración que, según versiones preliminares, fue montada por internos para festejar el cumpleaños de un capo conocido como alias 'Pocho' y la posible salida de otro recluso identificado como alias 'Lindolfo'. En las imágenes se ve claramente consumo de bebidas alcohólicas dentro del penal, algo que debería ser imposible en una cárcel de máxima seguridad. Las autoridades ahora investigan si el dinero con el que contrataron al artista proviene de dineros ilícitos.
La investigación no se detiene con Nelson Velásquez. La Fiscalía también abrió un proceso por presunto prevaricato por omisión contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes aparentemente permitieron que el cantante y su equipo entraran al penal sin seguir los protocolos de seguridad. Esto evidencia fallas graves en los controles que deberían estar en marcha para evitar este tipo de situaciones.
El Gobierno de Gustavo Petro no tardó en reaccionar. Ordenó el traslado inmediato de varios de los cabecillas involucrados en la fiesta hacia cárceles en Bogotá y suspendió temporalmente las mesas de diálogo que mantenía con grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. Mientras tanto, el Inpec separó provisionalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones, y realizó operativos dentro del penal en los que incautaron celulares, licor, drogas y equipos electrónicos no permitidos.
Este caso vuelve a exponer lo frágil que puede ser el control estatal dentro de las cárceles colombianas. Mientras las autoridades recolectan pruebas para determinar si hay mérito para formalizar la investigación contra Nelson Velásquez y otros implicados, el país se cuestiona cómo fue posible que algo así sucediera en una instalación que debería estar bajo vigilancia constante.
Fuente original: KienyKe - Portada
