La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía avanza en su ofensiva contra José Antonio Salazar. El exsecretario general de la Cancillería enfrentará una audiencia de imputación donde se le acusará de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Todo esto por su manejo del contrato más jugoso del Ministerio de Relaciones Exteriores: la adjudicación de pasaportes.

El lío comenzó cuando Salazar expidió tres resoluciones en febrero de 2024 con las que revirtió la decisión del entonces canciller Álvaro Leyva Durán de declarar desierta la licitación 01 de 2023 para este contrato. Ese proceso había sido cancelado, pero Salazar lo reactivó y entregó el negocio directamente a Thomas Greg and Sons, la única empresa que se había presentado. Una movida que no pasó desapercibida.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica ya lo había denunciado en marzo de 2024 por falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y abuso de función pública. Según Jhon Jairo Camargo Motta, director interino de la Agencia, el acto administrativo mediante el cual se le otorgó la licitación a Thomas Greg "puede ser constitutivo de delito". El funcionario sostiene que Salazar adjudicó unilateralmente el contrato sin tener las facultades para hacerlo ni la autorización del canciller encargado en ese momento, Luis Gilberto Murillo.

Cuando le preguntaron por qué no consultó con nadie antes de tomar esa decisión, Salazar fue contundente. En entrevista con EL COLOMBIANO, explicó que "la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo". Incluso cuando Murillo desautorizó la entrega del contrato y anunció su reversión, Salazar no se echó atrás. "Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber", sostuvo. En esa misma conversación, reconoció estar atravesando "dificultades de índole personal" y admitió sentir "temor".

Salazar también argumentó que su decisión salvó a la Nación de una demanda de 117 mil millones de pesos que venía peleando Thomas Greg, demanda que con esta adjudicación "debería quedar eliminada". Sin embargo, la Agencia de Defensa Jurídica señala que en varias resoluciones Salazar afirmó tener competencias que realmente no poseía, lo que constituiría falsedad ideológica. Según el documento de denuncia, "El secretario general Salazar Ramírez no solamente emitió un acto administrativo sin tener la competencia funcional para ello, puesto que no le había sido delegada por el titular de la misma, sino que, además, su contenido y el de los actos administrativos subsecuentes es manifiestamente contrario al derecho".