La Fiscalía va por Calarcá. Alexander Díaz, alias Calarcá, el jefe disidente de las Farc que desde hace poco más de dos años forma parte de las mesas de negociación con el Gobierno Nacional, enfrentará imputación de cargos por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad. La noticia llegó este martes de boca de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien informó en entrevista con 6AMW de Caracol Radio que su despacho radicó dos solicitudes formales ante la Presidencia relacionadas con la situación de este disidente.

Lo grave es que los delitos que se le atribuyen ocurrieron después de que Calarcá fue designado vocero de paz en la mesa del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Según Camargo, "La situación es muy parecida y la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar" a la que se siguió en casos como el del Frente 33, donde se adelantaron imputaciones manteniendo órdenes de captura suspendidas. La Fiscalía ya tiene elementos probatorios recabados de distintas investigaciones y de dispositivos electrónicos incautados en 2024, cuando Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia mientras viajaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.

Los hechos que sustentan la acusación son brutales. El primero de ellos es el asesinato de Carmelina Yule, una lideresa Nasa del Cauca, ocurrido en marzo de 2024, apenas dos meses después de que Calarcá recibiera beneficios de paz. Luego está el ataque con minas antipersona en Valdivia, Antioquia, en julio de 2024, que dejó seis soldados muertos. En enero de 2026, en el Guaviare, fueron asesinadas 26 personas, incluyendo siete menores de edad, en lo que la Fiscalía considera una ejecución y no un enfrentamiento. Entre 2024 y 2025, el grupo de Calarcá perpetró 19 eventos explosivos contra establecimientos comerciales en municipios como Granada, Villavicencio y Acacías. "La evidencia que hemos encontrado no es poca", subrayó Camargo al describir la "continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero".

La Fiscalía sostiene que estos crímenes no son aislados ni actos de mandos medios desobedientes. En cambio, "se acredita de manera concluyente que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, en su rol de máximo cabecilla del Estado Mayor Central FARC-EP, ha impartido directrices claras para la ejecución sistemática de delitos". El peso de Calarcá en las negociaciones es innegable: su grupo, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), es la estructura más poderosa de la mesa, compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques y con influencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios. Una muestra reciente: hace poco, en Briceño, Antioquia, sus hombres detonaron una motobomba frente a la estación de Policía.

La Fiscalía además solicita a la Presidencia que le retire a Calarcá su condición de miembro representante por presunto incumplimiento de obligaciones. Camargo también dejó claro que hay otras líneas de investigación abierta, como una posible infiltración de miembros del grupo en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército, que se tramitan de manera independiente por su complejidad. El mensaje de la Fiscalía es contundente: los beneficios de paz no pueden convertirse en un escudo para continuar la guerra desde otro frente.