La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente usar su cargo para favorecer intereses particulares en la asignación de un proyecto energético importante. Durante la audiencia correspondiente, la fiscal explicó que hay elementos que permiten inferir razonablemente que Roa incurrió en conductas que la ley castiga.

La investigación señala que Roa habría utilizado su posición en la empresa estatal para influir en decisiones dentro de Hocol, una de las compañías del grupo empresarial, solicitando al entonces presidente de esa compañía, Luis Enrique Rojas, que beneficiara con oportunidades de negocio al empresario Juan Guillermo Mancera.

El punto central de la acusación gira alrededor del proyecto de regasificación Chuchupa Ballena NG. Según la Fiscalía, Roa habría instruido a Rojas para que este proyecto fuera adjudicado directamente a Gaxi SA ESP, la empresa de propiedad de Mancera. La Fiscalía sostiene que estas instrucciones se dieron en varias reuniones privadas entre los dos directivos.

Una de esas reuniones habría ocurrido el 20 de agosto de 2024, después de una sesión de junta directiva de Hocol. Luego, según la Fiscalía, Roa y Rojas asistieron a un almuerzo en un restaurante bogotano donde Roa insistió en que el proyecto debía ir a la empresa de Mancera. Otra reunión ocurrió entre septiembre y octubre de 2024, tras una sesión de la junta directiva en las oficinas de Ecopetrol, donde Roa reiteró la misma instrucción.

La Fiscalía considera que estas actuaciones constituyen un uso indebido del cargo para influir en decisiones empresariales en beneficio de intereses particulares. Los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2024 y enero de 2025, período durante el cual Roa ya ocupaba la presidencia de Ecopetrol, cargo que desempeña desde abril de 2023.

El proceso judicial seguirá su curso mientras Roa ejerce su derecho a la defensa frente a los cargos que le formuló el ente acusador.