Un caso que marcó a Colombia por su tragedia ahora avanza en la justicia. Este 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos por homicidio culposo a dos docentes del colegio donde estudiaba Valeria Afanador. Se trata de Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, quienes tenían a su cargo la vigilancia y el cuidado de la menor durante la jornada académica en la institución educativa ubicada en Cajicá.

El caso conmocionó al país cuando la niña desapareció dentro de los espacios escolares y fue encontrada sin vida 17 días después en un afluente cercano al colegio. Desde entonces, los abogados de la familia han insistido en que hubo fallas graves en los protocolos de protección. Según su análisis, Valeria logró salir de las áreas donde debía estar sin que se activaran a tiempo los mecanismos de control que podrían haber evitado lo ocurrido.

El abogado defensor de la familia, Julián Quintana, informó que la Fiscalía también remitirá copias del caso a otras autoridades para que revisen las condiciones operativas de la institución educativa y su cercanía al río donde fue hallado el cuerpo de la menor. Esta decisión refleja la intención de profundizar en todos los aspectos que rodearon la tragedia.

Sin embargo, los familiares expresaron su inconformidad porque la rectora del colegio no fue incluida en esta imputación. Para ellos, la dirección del plantel también debe responder por lo sucedido, pues consideran que las responsabilidades no pueden limitarse solo a los docentes. La familia sigue convencida de que deben analizarse todas las fallas administrativas que precedieron a la desaparición de Valeria.

Mientras continúa el proceso judicial, la defensa de la víctima ha reafirmado su compromiso de mantener activas todas las acciones legales necesarias. El objetivo es claro: esclarecer cada circunstancia que rodeó la desaparición y muerte de la niña, y asegurar que se determinen todas las responsabilidades que correspondan.