Una escena inusual se vivió en Cúcuta cuando tres comandantes disidentes de las Farc, sentados en lo que parecía ser un campamento en plena selva, escucharon a través de audífonos cómo la Fiscalía les imputaba delitos graves. Con prendas de camuflaje y pañoletas al cuello, los tres jefes siguieron desde la clandestinidad una audiencia virtual contra un juez de control de garantías. Esto marca un hito sin precedentes en la justicia penal colombiana.

Los acusados son Javier Alonso Velosa García, alias "Jhon Mechas", cabecilla del Bloque Magdalena Medio, y Carlos Eduardo García Téllez, alias "Andrey Avendaño", junto a Farby Edison Parra Parra, alias "Richard", quienes fungían como jefes político y financiero del frente 33. Según la Fiscalía, estos tres hombres impartieron órdenes a sus estructuras armadas para enfrentar al ELN y conseguir el dominio territorial absoluto en municipios del Catatumbo como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí.

La investigación reveló que esas directrices desataron una catástrofe humanitaria. En enero de 2025 el desplazamiento forzado alcanzó a más de 60 mil personas, mientras que entre enero y abril del mismo año se documentaron 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de menores y múltiples actos de violencia que sembraron pánico en Norte de Santander.

Los cargos imputados incluyen homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los tres aceptó las acusaciones. La Fiscalía explicó que esta acción se amparó en la Directiva 003 de 2025, un mecanismo que permite avanzar en procesos contra miembros de grupos armados incluso cuando tienen órdenes de captura suspendidas en el marco de diálogos de paz.

La estrategia utilizada permite que los investigados sean citados a audiencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sin afectar su libertad personal, mientras continúan los trámites judiciales. Es una solución que busca un equilibrio entre la justicia y los procesos de paz que cursan en el país.