La Fiscalía General de la Nación se dispone a imputar cargos a cuatro personas por su participación en un escándalo de corrupción que rodea el mantenimiento de helicópteros militares rusos. El contrato en cuestión alcanza los 32 millones de dólares y ha dejado al descubierto lo que la institución considera un montaje irregular para favorecer a ciertos contratistas.

Entre los señalados está Luis Edmundo Suárez Soto, quien fue viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación. También lo están Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie. Según la investigación fiscal, estas cuatro personas habrían participado en un entramado que direccionó de forma irregular ese contrato millonario para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. El periodo en que supuestamente ocurrieron los hechos fue entre septiembre y diciembre de 2024.

Un fiscal especializado en corrupción les imputará varios delitos graves: falsedad en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias y fraude procesal. Esta no es la primera tanda de acusaciones en el caso, pues ya habían sido judicializados Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Para entender por qué el contrato se tornó tan problemático, hay que remontarse a las sanciones internacionales contra Rusia. Colombia ha tenido 20 helicópteros MI-17 desde los años 80, pero cuando Estados Unidos y Europa castigaron a Rusia por la invasión a Ucrania en 2022, bloquearon todo comercio y servicios militares rusos. Esto dejó a la flota colombiana sin posibilidad de mantenimiento con los proveedores originales.

A inicios de este año, la Aviación del Ejército apenas tenía cinco de estos helicópteros funcionando. La idea era que el nuevo contratista lograra tener 11 en servicio antes de terminar 2024. Pero los problemas empezaron a asomar conforme pasaban los meses. En octubre, la Contraloría encendió las alarmas al detectar un posible detrimento patrimonial: el Ministerio de Defensa ya había desembolsado 16 millones de dólares como anticipo, pero los helicópteros seguían sin estar en condiciones de volar. El plazo del contrato venció el 15 de noviembre sin que se cumpliera el objetivo, dejando muchas preguntas sobre dónde terminó ese dinero y por qué no se entregaron los resultados pactados.