La Fiscalía General de la Nación puso un freno a los planes del Gobierno para avanzar con la política de paz total. Este 12 de mayo rechazó, por ahora, la solicitud de suspender órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Otty Patiño, había propuesto para trasladarlos a Zonas de Ubicación Temporal. La decisión generó inmediatas reacciones en el país, especialmente de sectores que cuestionan los alcances del proceso de negociación con grupos armados.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en pronunciarse. El mandatario respaldó públicamente la determinación de la fiscal general y fue directo en sus críticas hacia el Ejecutivo. "Bien hecho por la señora Fiscal General de la Nación, muy bien hecho", expresó Gutiérrez, quien luego disparó contra el Gobierno: "Petro hasta el último día sólo quiere seguir premiando a los criminales".

Lo que más molestó a Gutiérrez fue que entre los beneficiarios de la solicitud rechazada figuraba Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias "Chiquito Malo", considerado el máximo jefe de la estructura criminal del Clan del Golfo y requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos. Para el alcalde, el que la Fiscalía mantuviera las órdenes de captura y respetara los compromisos internacionales en materia de extradición fue un mensaje contundente. "¿Qué es importante lo que hace la Fiscal hoy? Le pone un tate quieto", señaló Gutiérrez, usando una expresión popular para indicar que la Fiscalía le pone orden y respeto al Gobierno.

El mandatario no se detuvo ahí. Volvió a cuestionar la estrategia general de paz total del Gobierno y lanzó una de sus críticas más fuertes: "La paz total fue la entrega total del territorio a las estructuras criminales". Con esta afirmación, Gutiérrez sintetiza la preocupación de quienes consideran que el proceso ha beneficiado desproporcionadamente a grupos armados sin garantizar resultados concretos en seguridad.

La decisión de la Fiscalía abre un nuevo debate sobre los límites de la política de paz total y qué tanto margen tiene el Gobierno para ofrecer beneficios jurídicos a miembros de organizaciones criminales cuando hay compromisos internacionales de por medio, como la extradición hacia Estados Unidos. También pone en evidencia las tensiones entre diferentes sectores del Estado sobre cómo debe avanzar el proceso de negociación con grupos armados en el país.