Mientras alias 'Calarcá' continúa expandiendo su poder criminal en medio de la política de Paz Total, la Fiscalía aprieta la estrategia judicial para construir una acusación lo suficientemente sólida que logre que el Gobierno active la orden de captura en su contra. Para lograrlo, la entidad acaba de conformar un grupo especial de trabajo que reúne fiscales e investigadores de distintas dependencias: la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación. El propósito es centralizar todos los procesos y evidencias en un solo frente para armar una imputación firme por los delitos que se le atribuyen.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ya había anticipado el pasado 7 de abril que llamaría a imputación a Alexander Díaz Mendoza por delitos de lesa humanidad. En esa ocasión explicó que la Fiscalía dispone de material probatorio que incluye información extraída de dispositivos electrónicos, además de otros elementos recolectados a través de investigaciones paralelas. Sin embargo, la orden de captura contra Díaz Mendoza permanece suspendida por ahora, decisión que se alinea con lo que se ha hecho en otros casos de estructuras armadas dentro del marco de la paz total. Según Camargo, existe una "cierta razonabilidad" en mantener esa suspensión mientras avanza la judicialización, aunque dejó claro que el objetivo es fijar pronto la fecha de audiencia para formalizar la imputación.

De manera paralela, la Fiscalía profundiza en cinco líneas de investigación derivadas principalmente del análisis forense de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), durante la interceptación de una caravana de las disidencias. Estas cinco hipótesis de trabajo podrían comprometer no solo a estructuras armadas ilegales, sino también a agentes estatales y otros actores involucrados.

La situación jurídica de alias Calarcá continúa en revisión. La Fiscalía aclaró que la suspensión de la orden de captura no es indefinida y depende del cumplimiento estricto de las condiciones fijadas en el marco de la paz total. La evaluación será periódica y considerará nuevos hechos que emerjan, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario en territorios donde operan estas estructuras ilegales.