La Fiscalía General avanzó en la recuperación de bienes vinculados al paramilitarismo en la costa caribeña. Entregó al Fondo para la Reparación de las Víctimas una finca rural ubicada en Santa Marta que habría estado bajo el control de los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por sus conexiones con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

El terreno, que supera los 17 mil millones de pesos de valor, aparentemente formó parte del patrimonio que estos hermanos acumularon gracias a sus vínculos con antiguos cabecillas paramilitares, entre ellos Vicente Castaño Gil. Según las investigaciones de la Fiscalía, el predio estaba inscrito a nombre de una sociedad que los Zúñiga Caballero crearon inicialmente, pero su origen se remonta a actividades criminales desarrolladas en complicidad con estructuras paramilitares.

Lo más grave del caso es que esas mismas estructuras armadas ilegales, con fuerte presencia en el Chocó, intimidaron y desplazaron a poblaciones indígenas y afrodescendientes de sectores como Curvaradó y Jiguamiandó. Todo esto ocurría mientras empresarios vinculados a este caso impulsaban grandes proyectos agroindustriales de palma en territorios que habían sido abandonados por sus habitantes originarios, bajo amenaza de muerte.

Con esta entrega de bienes, las autoridades buscan fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia, devolviendo algo de lo que el paramilitarismo les arrebató durante décadas de terror en las regiones.