Los fiscales encargados de investigar el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo están pasando por su peor momento. Una serie de decisiones judiciales recientes ha puesto en duda su capacidad para llevar adelante uno de los casos más graves del gobierno Petro, con fallos que terminaron beneficiando a los principales investigados.

El golpe más reciente llegó cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. El tribunal avaló su salida de la cárcel después de que la Fiscalía dejara vencer un plazo legal para presentar la acusación. Bonilla fue vinculado formalmente al proceso el 1 de diciembre de 2025, lo que significaba que la Fiscalía tenía 120 días, hasta el 31 de marzo de 2026, para radicar los cargos. Pero el escrito llegó el 7 de abril, seis días después. Eso bastó para que la justicia ordenara su libertad inmediata.

Este retraso ha generado una tormenta. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, radicó una denuncia contra los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, acusándolos de permitir deliberadamente el vencimiento de términos. Según el documento, no había razón técnica para la demora. "El escrito se presentó seis días después del vencimiento legal, pese a que no hubo nuevas pruebas ni diligencias que lo justificaran", señala la denuncia. Los fiscales podrían ser investigados por prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad y otros delitos. Bustos advierte además que la libertad de Bonilla representa un "grave impacto institucional" porque el exministro haría parte de una estructura capaz de interferir en la justicia.

Los problemas de la Fiscalía no terminan ahí. El Tribunal Superior también echó atrás el preacuerdo que el ente acusador había pactado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, considerando que los beneficios acordados eran desproporcionados frente a la gravedad de los delitos. Esto cuestiona seriamente la estrategia de negociación de los delegados en lo que es uno de los escándalos de corrupción más serios de la administración actual.

La situación se complica aún más porque defensores de otros implicados, como Sandra Ortiz, cuestionan la credibilidad que la Fiscalía ha dado a los testigos estrella del caso: Olmedo López y Sneyder Pinilla. El abogado Mauricio Camacho Fernández radicó una carta ante el procurador general pidiendo que se oponga a cualquier beneficio procesal para estos dos. Camacho señala que "es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia". En diálogo con el medio que investiga este caso, Camacho agregó que "resulta deleznable la manera como la Fiscalía ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el señor Olmedo López".

Estos reveses judiciales reflejan una investigación que perdió el rumbo. Entre acusaciones presentadas fuera de tiempo, acuerdos tumbados y testigos a los que se les otorgó demasiada credibilidad, la Fiscalía enfrenta ahora denuncias contra sus propios funcionarios y la desconfianza de quienes representan a las víctimas de este entramado de corrupción.