Las autoridades acaban de poner al descubierto uno de esos casos de corrupción que duele especialmente: recursos de las regalías, dinero que debería llegar directo a obras que necesita la gente, terminaron en bolsillos privados. La Fiscalía General destapó una red de nueve personas que habría dirigido al menos 101 contratos por más de 496 mil millones de pesos, todos financiados con fondos del Sistema General de Regalías.

El Cuerpo Técnico de Investigación realizó capturas simultáneas en Arauca, Barranquilla y Cantagallo (Bolívar). De acuerdo con lo que encontraron, los investigados estructuraban un esquema bastante ingenioso pero fraudulento: aparentaban formar asociaciones municipales legítimas para que la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca, fuera designada como ejecutora de los proyectos. Lo preocupante es que, una vez obtenían los fondos, en su mayoría los proyectos simplemente no se hacían.

Los contratos desviados incluían obras de construcción, programas de saneamiento básico, medio ambiente, agricultura y alimentación, repartidos entre departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba. Pero hay algo más grave aún: la Fiscalía también señala la malversación de 3 mil 200 millones de pesos en recursos de derechos de autor en Arauca, y que Aremca dejó de transferir casi 14 mil millones de pesos que debían ir al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entre los capturados están Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. Ahora enfrentan cargos por asociación para delinquir, contratación sin cumplir requisitos legales, malversación, falsedad en documentos públicos y enriquecimiento ilícito.

El fiscal de Corrupción llevará a los imputados ante un juez de control de libertad bajo fianza para formalizar la imputación. La Fiscalía enfatizó que el proceso continúa su curso y que se respeta el principio de presunción de inocencia mientras avanza la investigación. Este caso forma parte del trabajo especial que ha priorizado la entidad para proteger los recursos de regalías que deben beneficiar directamente a las comunidades.