Una investigación de la Fiscalía General de la Nación sacó a la luz una compleja red de corrupción que funcionaba desde adentro de la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca. El entramado criminal aprovechaba la figura legal de los esquemas asociativos de municipios para que la organización fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por alcaldías y gobernaciones de todo el país. Con ese aval, canalizaban dineros públicos hacia proyectos fantasma o mal ejecutados.

El Cuerpo Técnico de Investigación realizó capturas simultáneas en Arauca, Barranquilla y Cantagallo el pasado fin de semana. Cayeron nueve personas: el creador de Aremca, sus representantes legales, coordinadores de planeación, financieros y la tesorera. Todos estaban involucrados en un esquema que direccionó 101 proyectos por una cifra que supera los 496 mil millones de pesos. Los proyectos comprometían obras civiles, interventorías, planes ambientales, saneamiento básico, agricultura y alimentación en nueve departamentos del país.

Los investigadores encontraron que la contratación violaba sin pudor los principios básicos de publicidad, transparencia y selección objetiva. En Arauca, por ejemplo, documentaron que Aremca se apropió indebidamente de 3 mil 200 millones de pesos destinados a iniciativas que nunca se cumplieron como se planeó. Pero el fraude no paró ahí. La organización presuntamente dejó de retener 14 mil millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un aporte obligatorio del 5 por ciento que debería financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los señalados, identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo, enfrentan múltiples acusaciones: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato, falsedad ideológica en documentos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos.

Este desmantelamiento es parte de los esfuerzos prioritarios de la Fiscalía a través de su Grupo de Tareas Especiales, dedicado exclusivamente a investigar casos de corrupción que comprometan los recursos del Sistema General de Regalías. Es un recordatorio más de cómo funcionarios y particulares siguen ingeniosamente esquemas para llevarse dineros que deberían cambiar la realidad de los colombianos más necesitados.