En un operativo que marca un hito en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia, la Fiscalía General de la Nación desplegó esta semana una investigación sin precedentes contra la cadena de ropa interior Lili Pink. Lo que salió a la luz no fue solo la cifra astronómica —más de 730 mil millones de pesos presuntamente lavados— sino una red tan bien estructurada que durante años logró evadir los controles de las autoridades financieras.

El método empleado tiene un nombre que los investigadores conocen bien: el "pitufeo" o smurfing. Se trata de una táctica que consiste en dividir grandes sumas de dinero en pequeños depósitos que, individualmente, no llaman la atención de los bancos ni superan los umbrales obligatorios de reporte. Pero Lili Pink llevó esta estrategia más allá. La red operaba mediante un entramado complejo de importadoras ficticias, comercializadoras de papel y sociedades fantasma que facturaban operaciones para dar apariencia de legitimidad a negocios que nunca existieron.

La sofisticación estaba en los detalles. Según la investigación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la organización traía mercancía al país —prendas de ropa, cosméticos y juguetes— sin pagar los aranceles que obligatoriamente debía cancelar. Para darle una cara legal a todo esto, canalizaban esas operaciones por más de 30 empresas constituidas principalmente en Barranquilla que compartían direcciones y luego solicitaban devoluciones de IVA sobre importaciones que jamás sucedieron. Una vez conseguían el dinero del Estado, simplemente desaparecían.

Lo que hace este caso especialmente grave es que no operaba solo. Las autoridades encontraron evidencia de que funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, habrían recibido sobornos para facilitar estas operaciones irregulares. Una libreta incautada durante los allanamientos contenía registros detallados de los pagos realizados a estos servidores públicos. Hasta ahora hay una persona capturada y siete órdenes de captura pendientes, algunas contra empleados de la entidad tributaria.

Un exempleado de la compañía, Miller Arango Aguilar, ingeniero de sistemas, contó públicamente cómo funcionaba el "pitufeo" a nivel de salarios. Su remuneración de 3.200.000 pesos era fragmentada: solo 2.000.000 llegaban legalmente a su cuenta bancaria, mientras que 1.200.000 pesos restantes se los depositaban por fuera de la nómina oficial. Con esta práctica evitaban el pago de contribuciones parafiscales y reducían las obligaciones laborales, replicando a pequeña escala el mismo principio que la Fiscalía documentó en toda la red corporativa.

El alcance del operativo fue histórico. Las autoridades embargaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles y ocho vehículos de lujo en 59 ciudades distribuidas en 25 departamentos, con la intención de que estos bienes terminen extinguiendo dominio, es decir, pasando a propiedad del Estado. Sin embargo, la Fiscalía tomó una decisión pragmática: esos locales y empresas continuarán operando bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales mientras avanza el proceso judicial. La razón es clara: alrededor de 3.000 personas dependen laboralmente de Lili Pink, y un cierre repentino las dejaría sin ingresos.

Lili Pink, por su parte, emitió un comunicado pidiendo a las autoridades que protegieran la marca y resaltando sus más de dos décadas de trayectoria en el mercado. Pero el expediente ya es considerable y reposa ante los jueces especializados. Los investigadores además advierten que este no sería un caso aislado: otras cadenas comerciales están siendo escrutadas en estos momentos por la Fiscalía.