La Fiscalía General anunció este miércoles el desmantelamiento de una red de corrupción que habría desviado más de 496.000 millones de pesos en recursos de regalías destinados al desarrollo regional. Los recursos fueron canalizados a través de un esquema que operaba en al menos 10 departamentos, entre ellos La Guajira, utilizando la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) como intermediaria para direccionar contratos de forma irregular.

En operativos realizados simultáneamente en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, las autoridades capturaron a nueve personas señaladas de hacer parte de este entramado. Entre los detenidos está Gustavo Bolaño Pastrana, identificado como presunto creador del esquema, y Luis Soto Caraballo, quien fungía como tesorero de Aremca. Los capturados enfrentan cargos graves como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.

La red presuntamente direccionó 101 contratos para proyectos de obras civiles, saneamiento básico, agricultura y medio ambiente. De acuerdo con la Fiscalía, los procesos contractuales ignoraron principios fundamentales como la transparencia y la selección objetiva, lo que permitió que funcionarios de alcaldías y gobernaciones designaran a Aremca como ejecutora de proyectos financiados con regalías. En el departamento de Arauca se detectó una apropiación indebida específica de 3.200 millones de pesos, mientras que se registró una omisión en pagos de contribución especial por 14.000 millones más.

Todo comenzó cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) denunció en agosto de 2024 la existencia de irregularidades graves en 2.094 proyectos de regalías con ejecución vencida o contratos suspendidos. Tras una revisión técnica, se identificaron 146 casos con anomalías verificadas en campo, siendo Aremca uno de los más preocupantes. La directora del DNP en su momento declaró que «los recursos que provienen de las regalías les pertenecen a las comunidades más vulnerables del país» y recalcó que «ninguna entidad ejecutora que bajo prácticas sospechosas esté administrando estos recursos puede estar exenta de investigaciones».

Para fortalecer la respuesta institucional, el DNP y la Fiscalía suscriben en 2025 un acuerdo de cooperación y crearon desde febrero de 2026 un Grupo de Tareas Especiales dedicado exclusivamente a investigar y judicializar hechos de corrupción en el sistema de regalías. Este equipo trabaja coordinadamente con otros órganos de control para detectar y desmantelar esquemas similares.

El contexto de este escándalo es preocupante. Colombia figura en el puesto 99 entre 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con apenas 37 puntos sobre 100, lo que representa un retroceso frente a los 39 puntos de 2024 y los 40 de 2023. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, advirtió que «Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos» y pidió que «el próximo gobierno demuestre, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real».

En las próximas horas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus detenciones e imputación de cargos. La investigación continúa en desarrollo y las autoridades esperan consolidar más pruebas en las próximas semanas.