Las autoridades le están apretando las tuercas a una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes. La Fiscalía General de la Nación ejecutó medidas cautelares contra 47 bienes que supuestamente eran utilizados por esta red delictiva para transportar clandestinamente a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica. Los activos fueron puestos bajo control judicial con miras a un posible decomiso definitivo.

El valor preliminar de lo incautado ronda los 29.106 millones de pesos. El lote está integrado por ocho inmuebles, tres sociedades comerciales, cuatro establecimientos de negocio, ocho vehículos y 24 embarcaciones. Todos estos bienes habrían funcionado como engranajes de una máquina criminal para movilizar a migrantes de forma ilegal y para administrar los recursos que generaba esta actividad delictiva.

Lo particularmente preocupante es la escala de la operación. Según los elementos de prueba recolectados durante la investigación, esta organización habría trasladado a por lo menos 800 mil ciudadanos originarios de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países. Varios de estos bienes también fueron adquiridos deliberadamente para ocultar el origen del dinero ilícito y dificultar su rastreo.

Las acciones fueron coordinadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien trabajó junto con unidades de la DIJIN de la Policía Nacional. Las diligencias se ejecutaron en Medellín, Apartadó y Necoclí en Antioquia, así como en Unguía y Quibdó en Chocó, zonas que históricamente han sido puntos de tránsito para migrantes irregulares en Colombia.