La Fiscalía General de la Nación anunció una directriz que busca darle más herramientas a sus investigadores para trabajar los casos de violencia contra la prensa. En un contexto donde la preocupación por la seguridad de periodistas crece en diferentes regiones del país, la entidad expidió la Resolución 00119 de 2026, un documento que establece "lineamientos para orientar la investigación de los crímenes y amenazas cometidos contra" periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación.

Según la Fiscalía, esta resolución incorpora "herramientas más estrictas y oportunas" al reconocer "el papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad". El documento parte de un argumento importante: cuando atacan a un periodista no solo se le daña a él o ella, sino que se afecta algo más grande. La entidad advierte que estas agresiones "impactan directamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público".

El cambio más significativo está en cómo los fiscales deberán analizar estos casos. Ya no basta con investigar el hecho violento aislado. Ahora la resolución "dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos". Los fiscales también tendrán que actuar "con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas".

La resolución también reconoce el periodismo tal como se practica hoy: sin acreditaciones formales. Incorpora un enfoque "que permite reconocer la condición de periodista a partir del ejercicio real de la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales, incluyendo a quienes desarrollan su trabajo en entornos digitales". Esto es importante porque amplía la protección a productores de contenido independiente, blogueros y creadores que investigan y reportan información en redes sociales.

En el lado de la protección inmediata, cuando exista un "riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico", las autoridades deberán priorizar la seguridad de la víctima y activar mecanismos de prevención urgente.

A nivel administrativo, la Fiscalía mejoró cómo recibe y tramita las denuncias para identificar más rápidamente los casos de violencia contra periodistas. También abrirá un canal permanente con organizaciones que defienden la libertad de prensa, algo que permitirá "fortalecer la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la obtención de información relevante para las investigaciones", según la entidad.

Finalmente, la Fiscalía entrenará a investigadores y funcionarios en cómo recibir y manejar estos casos, buscando mejorar la atención y el rigor en cada denuncia de violencia contra periodistas.