El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo público que la Fiscalía General de la Nación lo convocó para que rinda indagatoria el 24 de julio. El anuncio lo realizó a través de su cuenta en la red social X, donde también expresó su rechazo a la medida. Según Uribe, la diligencia fue programada "sin practicar las pruebas que ella decretó", y la calificó directamente como "un atropello".

El exmandatario hizo alusión a actuaciones previas del exmagistrado César Reyes, recordando un proceso anterior en el que fue privado de la libertad. En su pronunciamiento dejó clara su inconformidad con los tiempos y procedimientos que, a su juicio, no están cumpliendo con los protocolos que debería seguir una investigación de esta magnitud.

La investigación en su contra se relaciona con hechos que datan de cuando Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. La Fiscalía lo indaga por presunta participación en la conformación de estructuras paramilitares en el municipio de San Roque, así como por su eventual responsabilidad en dos masacres que ocurrieron en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango.

Según el ente acusador, los delitos que investiga incluyen concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. La hipótesis fiscal plantea que Uribe habría facilitado o promovido el accionar de una organización armada ilegal que tenía como base la hacienda Guacharacas, entonces vinculada a la familia Uribe Vélez.

De igual forma, el exmandatario también aparece en la investigación por su presunta implicación en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998. Este caso ha sido especialmente sensible en los debates sobre la responsabilidad de funcionarios públicos en crímenes de lesa humanidad durante los años noventa.