A dos días de la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación notificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre un llamado a indagatoria por hechos que remontan más de treinta años atrás. Los señalamientos incluyen su presunta responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango, en el departamento de Antioquia, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y en hechos relacionados con paramilitarismo en la región.

Según las acusaciones de la Fiscalía, Uribe Vélez sería responsable por omisión en el caso de la masacre de La Granja, específicamente por no proteger a la población civil. En los casos de El Aro y el homicidio de Valle, el exmandatario es acusado como determinador de los hechos.

El expresidente respondió de inmediato a la notificación. Uribe Vélez manifestó: "El paramilitarismo en el NUS, donde mi familia fue dueña de la finca Guacharacas y se vendió como quedó probado en el juicio que se ha adelantado contra mí. Por supuesto esto ocurre a pocas horas de las elecciones, es una trama electoral, hay que ver el gozo de Petro". Con esta declaración, Uribe sugirió que la decisión fiscal responde a motivaciones políticas vinculadas con los tiempos electorales.

Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, también se refirió al tema. Gutiérrez comentó: "A tres días antes de una segunda vuelta, una notificación de un llamado a juicio de unos delitos que se investigan de hace más de 30 años, esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, por supuesto nosotros somos respetuosos de todos los procesos, yo sólo espero que en este proceso el expresidente Uribe pueda seguir demostrando su inocencia".

En otro aspecto de la investigación, la Fiscalía también ordenó que Salvatore Mancuso, conocido exparamilitar, sea citado a declaración jurada. El propósito es que Mancuso amplíe la información sobre la presunta relación entre el expresidente y los hermanos Castaño Gil, quienes fueron líderes paramilitares en el país.