La Fiscalía General de la Nación formalizó una investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, citándolo a indagatoria por hechos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, cuando él era gobernador del departamento. La investigación apunta hacia la presunta conformación y actuación de estructuras paramilitares en la región durante ese periodo.

El expediente que maneja una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia recoge varios episodios: las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango; el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; y asuntos relacionados con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe. Los delitos por los cuales deberá responder son concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. Uribe informó en redes sociales que sus abogados fueron notificados y cuestionó el momento de la decisión, caracterizándola como una actuación con motivaciones políticas.

Lo que sucedió en La Granja y El Aro marca un hito grave en la historia violenta de Antioquia. En junio de 1996, un grupo paramilitar llegó al corregimiento de La Granja en Ituango y asesinó a varios pobladores. Un año después, entre octubre y noviembre de 1997, los paramilitares irrumpieron en El Aro, también en Ituango, donde masacraron civiles, saquearon ganado, destruyeron viviendas y provocaron desplazamiento masivo de familias. Las víctimas de estos eventos terminaron presentando el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó internacionalmente al Estado colombiano en 2006 por los hechos de La Granja y El Aro, además de por la falta de investigación efectiva para esclarecer lo ocurrido. Años después, en 2022, el Estado colombiano reconoció formalmente su responsabilidad y pidió perdón a los familiares de las víctimas en cumplimiento de esa sentencia.

Jesús María Valle Jaramillo fue otro punto crítico de la tragedia. Este abogado y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia fue asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998. Antes de su muerte, Valle había denunciado públicamente presuntas relaciones entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en Antioquia, particularmente en conexión con las masacres de La Granja y El Aro.

La investigación también busca establecer si la hacienda Guacharacas tuvo relación con la conformación o funcionamiento de estructuras paramilitares en la región. Es importante aclarar que la indagatoria no es una condena ni equivale a una decisión final. Es una diligencia donde Uribe deberá comparecer, responder por los señalamientos y ejercer su defensa. Después de esta audiencia, la Fiscalía continuará con práctica de pruebas y tomará nuevas decisiones dentro del proceso investigativo.