La Fiscalía dio un paso determinante en una investigación que lleva más de treinta años en los expedientes judiciales. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente una investigación y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas en Antioquia durante la década de los noventa. También lo investiga por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

Los delitos por los cuales avanza la investigación incluyen homicidio en persona protegida agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. De acuerdo con la Fiscalía, la decisión se tomó tras analizar acumulativamente el proceso y después de varias acciones judicales que pidieron claridad sobre el avance de las investigaciones. El caso apunta a una posible relación del exmandatario con estructuras paramilitares que habrían operado en la hacienda Guacharacas, además de su eventual responsabilidad en hechos violentos registrados en el municipio de Ituango.

El expediente pasó a la justicia ordinaria después de que Uribe renunciara a su curul en el Senado. Tras conocerse la determinación, el expresidente rechazó categóricamente los señalamientos. Aseguró que "constituye una persecución política" y cuestionó la imparcialidad de la fiscal encargada del caso, argumentando además que no ha tenido la oportunidad de rendir una declaración previa dentro del proceso.

Uribe también sostuvo que el llamado a indagatoria ocurre en un momento cercano a la segunda vuelta presidencial y calificó la situación como una estrategia con motivaciones electorales. Su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, manifestó que no se habría respetado el debido proceso, argumentando que el exmandatario debió ser escuchado previamente mediante una versión libre antes de ser citado formalmente a indagatoria.

La investigación continuará en las próximas semanas. La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en las diligencias judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad o inocencia del exmandatario en estos hechos que marcaron la historia violenta de Antioquia.