Lo que comenzó como un conflicto interno en la Casa de Nariño se convirtió en un asunto para la justicia penal. La Fiscalía citó a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, para que amplie la denuncia que radicó hace poco contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y contra Juliana Guerrero. Rodríguez, quien hasta recientemente fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y estaba entre los cercanos al presidente Gustavo Petro, ha hecho públicas varias acusaciones sobre lo que ocurre dentro de la Presidencia.

En sus denuncias, Rodríguez afirma que hay un plan para sacarla de su cargo actual y tomar el control del presupuesto que administra. Señala que en la Casa de Nariño "no solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento", e implica directamente a Carrillo en estos hechos. Según su relato, el director de la UNGRD habría pagado a una persona para obtener información sobre ella, lo que ella describe como "espionaje" y "concierto para delinquir". Rodríguez asegura poseer chats que probarían estas intenciones.

La funcionaria describe un episodio donde supuestamente recibió un mensaje de un número desconocido durante una sesión de gestión del riesgo con el presidente. El mensaje decía: "Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla". Le enviaron un video que grabó, y en él, según su versión, Carrillo habría dicho que "la acción del Caballo de Troya siempre funciona". En esa conversación, el supuesto informante habría preguntado si había otro espía cercano a la oficina principal, y Carrillo respondería: "De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo".

Carrillo rechaza categóricamente estas acusaciones. En entrevista con El Tiempo, afirmó que la exdirectora del Dapre "falta a la verdad" y que sus declaraciones buscan distraer la atención de denuncias sobre presuntos cobros de sobornos por parte de personas cercanas a Rodríguez a contratistas. "Son unas acusaciones muy irresponsables, falaces, y que lo único que está buscando en este momento es hacer daño", expresó, y agregó que las acusaciones tienen "una motivación política".

Pero las denuncias de Rodríguez van más allá del supuesto espionaje. También acusa a Guerrero de tener vínculos con el ELN y de intentar despojarla de su puesto. Rodríguez afirma que fue ella quien reveló que Guerrero no tenía títulos profesionales legales, lo que habría generado una enemistad. Asegura que Guerrero tiene un poder desmedido en varias entidades y que incluso interfirió en asuntos relacionados con la vicepresidenta Francia Márquez.

Además de todo esto, Rodríguez denunció un caso de extorsión del que fue víctima. Cuenta que personas desconocidas la contactaron diciendo tener información confidencial de su entidad, lo que derivó en amenazas. Inicialmente le exigieron 50 millones de pesos a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores; luego bajaron a 20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por temor a represalias contra ella y su familia. Señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero.

La denuncia fue radicada el 22 de abril ante la Fiscalía. Como parte del proceso investigativo, la entidad le pidió que entregue detalles de los hechos, aporte pruebas y relate otros episodios de los que dice haber sido víctima.