La Fiscalía General de la Nación cerró definitivamente la investigación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionada con la construcción de varios Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia concluyó que no hay pruebas suficientes para señalar que el mandatario regional haya cometido irregularidades en esos contratos, que fueron ejecutados entre 2016 y 2019 cuando Rendón se desempeñaba como alcalde de ese municipio del Oriente antioqueño.

El proceso investigativo se había iniciado tras una denuncia presentada por una veeduría ciudadana que cuestionaba la ejecución de los proyectos de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio. Los denunciantes advertían sobre supuestas inconsistencias en la forma como se adjudicaron y ejecutaron estos contratos financiados con dineros públicos. La Fiscalía analizaba si Rendón había incurrido en delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Sin embargo, después de varios meses revisando documentación y recolectando información, los investigadores no encontraron elementos que respaldaran las acusaciones. Según el análisis de la Fiscalía, la administración municipal de esa época implementó mecanismos formales de supervisión y control sobre los contratos que estaban bajo cuestionamiento. El organismo acusador destacó que "en atención a los elementos de convicción allegados, la evidencia e información legalmente obtenida, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación".

Los proyectos de los CAI buscaban fortalecer la presencia de la Policía en diferentes sectores de Rionegro y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades. Rendón había defendido permanentemente la legalidad de estos procesos contractuales, argumentando que se realizaron bajo los parámetros exigidos por la ley y que las obras fueron necesarias para llevar mayor presencia institucional a zonas donde los ciudadanos reclamaban acciones frente a problemas de orden público.

Con esta decisión, la Fiscalía descartó de manera definitiva que el gobernador Rendón haya incurrido en los delitos investigados durante su paso por la Alcaldía de Rionegro. El archivo del caso no obedeció a vencimientos de términos ni a cuestiones procesales, sino únicamente a la falta de evidencia que permitiera sostener la hipótesis planteada originalmente por la veeduría ciudadana.