Punto final para la investigación penal contra Andrés Julián Rendón. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso que se adelantaba contra el gobernador de Antioquia, determinando que no había elementos de prueba suficientes para acreditar irregularidades penales en la construcción de varios Centros de Atención Inmediata en Rionegro.

La pesquisa se concentraba en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, específicamente en relación con la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Se hablaba de supuestos perjuicios patrimoniales que rondarían los 1.270 millones de pesos, pero la Fiscalía determinó que simplemente no existían pruebas que sustentaran esas acusaciones.

Durante su ejercicio como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019, Rendón implementó mecanismos formales de supervisión y control institucional sobre los tres contratos en cuestión. Vale mencionar que la Contraloría General de la República ya había archivado antes un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el mismo asunto, lo que reforzaba los argumentos de defensa.

Lo particular del caso es que se autorizaron interceptaciones telefónicas en el desarrollo de la investigación, una medida que generó polémica sobre si se utilizaron herramientas desproporcionadas. Un tribunal en Bogotá avaló estas intervenciones en su momento.

El mandatario regional ha insistido en varias ocasiones en que era víctima de persecución política, argumentando que todo el proceso respondía a una estrategia para sacarlo del cargo. Con el archivo de la Fiscalía, esa acusación toma más fuerza.