Cuando comenzaron los acercamientos de paz con la disidencia comandada por alias 'Calarcá', el sistema judicial suspendió la orden de captura en su contra. Era parte del proceso: ofrecer garantías mientras se negociaba. Pero en los últimos meses, acciones criminales atribuidas a su grupo han puesto en entredicho si ese hombre realmente quiere la paz o simplemente usa la mesa de negociación como pantalla.

La fiscal general Luz Adriana Camargo fue clara en sus palabras a Blu Radio: "la falta de voluntad de paz y la persistencia en la comisión de delitos graves abren la puerta para reactivar de inmediato la orden de captura contra el cabecilla". No es una amenaza vaga. La Fiscalía dice tener pruebas sólidas que comprometería directamente a 'Calarcá' en hechos graves ocurridos después de que fue designado como vocero en la mesa de negociación. Se trata de análisis de comunicaciones interceptadas y cruces de información que establecerían su presunta participación en delitos de alto impacto.

Lo más grave: la Fiscalía tiene evidencias que lo vincularían con el asesinato de un líder social. Según la investigación de la Unidad Especial de Investigación, existen registros de conversaciones que documentarían tanto la orden impartida como su ejecución. Esto no es especulación: son elementos que la justicia evalúa en este momento.

Camargo dejó establecido que cualquier beneficio otorgado en los diálogos tiene una condición única: cumplimiento verificable. El cese de actividades delictivas es innegociable. Pero además de investigar, la Fiscalía ya actuó. Desde noviembre ha sostenido reuniones con la oficina del alto comisionado para la paz, insistiendo en que hay que revisar la suspensión de órdenes de captura no solo contra 'Calarcá', sino también contra integrantes del Frente 33 que actúan en el Catatumbo.

La Fiscalía informó directamente al Gobierno de estos hallazgos y considera que es el Ejecutivo quien debe solicitar formalmente el levantamiento de esos beneficios cuando faltan señales reales de compromiso con la paz. Pero hay un límite. Camargo advirtió que la entidad está en un "compás de espera que se agotaría en cuestión de días". Si el Gobierno no decide, será la propia Fiscalía la que avance en la reactivación de las órdenes de captura. No es indefinido. Es cuestión de tiempo.