La mañana del 14 de abril de 2026 llegó el turno del alcalde Mikhail Krasnov de escuchar formalmente las acusaciones en su contra. La Fiscalía General de la Nación lo señaló junto a Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación de la Alcaldía; Sara Catalina Pedraza Canaría, exgestora Social; y Miguel Ángel Ruiz Suárez, exsupernumerario de la administración municipal. Los cuatro enfrentan cargos por presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios que despertó las sospechas de los investigadores.

Según los hallazgos de la Fiscalía, los acusados habría coordinado todo para que la Alcaldía contratara al abogado Juan Sebastián Ramírez, quien ya estaba judicializado por estos hechos. El objetivo, según el ente investigador, era claro: que Ramírez retirara la demanda de nulidad electoral que había presentado ante el Tribunal de Boyacá en noviembre de 2023. La estrategia funcionó, pues esa acción legal terminó con la declaratoria de nulidad electoral del profesor ruso el pasado 5 de marzo.

Los números del presunto arreglo resultan reveladores. En febrero de 2024 se firmó un primer contrato por 19.800.000 pesos que nunca se ejecutó. Después vino el contrato que levantó las alarmas: a través de Ecovivienda, la entidad descentralizada de la Alcaldía, se suscribió un segundo acuerdo de prestación de servicios a favor de Ramírez por 54.285.000 pesos, bajo el supuesto de brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la administración municipal.

Lo grave para Krasnov es que la Fiscalía encontró evidencia de que estos trámites contractuales comenzaron justamente después de que fue instaurada la demanda de nulidad electoral en su contra. La acusación también incluye el dato de que el alcalde habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a que celebrara el contrato y expediera un documento que lo eximiera de responsabilidad en el asunto.

Ahora viene la etapa más delicada del proceso. El fiscal del caso acusó formalmente a los involucrados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Los acusados deberán prepararse para la audiencia preparatoria, que será el trampolín hacia el juicio oral donde se dirimirá su suerte. Al final del camino está la sentencia, que puede resultar en el archivo de la actuación o en una condena penal con sus respectivas consecuencias.