La Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en el caso que sigue a dos exministros del Gobierno Petro. Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves fueron acusados formalmente por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos públicos. Según la acusación, ambos funcionarios habrían buscado favorecer a congresistas a cambio de que estos respaldaran las iniciativas del Ejecutivo en el Legislativo.

Los delitos que enfrentan son graves: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sostiene que los exministros convocaron reuniones, impartieron directrices e hicieron seguimiento a proyectos de inversión en instituciones clave como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con los investigadores, los hechos ocurrieron en tres momentos distintos. Entre junio y septiembre de 2023, presuntamente intervinieron en 78 contratos —73 en Invías y cinco en la UNGRD— por un valor cercano a 612 mil millones de pesos, aunque solo siete se concretaron. En la segunda fase, entre septiembre y diciembre de 2023, habrían participado en tres procesos contractuales de la UNGRD relacionados con atención de emergencias en Saravena, Cotorra y El Salado, por 86 mil 619 millones de pesos. Aunque estos no se firmaron, los congresistas presuntamente beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno.

La tercera etapa ocurrió entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. En este período, según la Fiscalía, los exministros habrían mediado para direccionar irregularmente un contrato de la UNGRD en Sahagún, Córdoba, por 35 mil millones de pesos, hacia personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este contrato tampoco llegó a firmarse.

Ahora el caso entra en la fase judicial propiamente dicha. Los juzgados deberán analizar las pruebas reunidas por la Fiscalía y determinar la responsabilidad de Bonilla y Velasco en estos hechos que tocaron varias instituciones del Estado y millones de pesos en recursos públicos.