La Fiscalía avanzó en su caso contra el excanciller Álvaro Leyva Durán al formular acusación por prevaricato por acción, un delito que la investigación asocia directamente con maniobras administrativas que habrían torcido el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en Colombia. Todo ocurrió en 2023, cuando estaba en juego un contrato de 559 mil millones de pesos para producir, almacenar y entregar libretas de pasaportes hasta julio de 2026.

Lo que la Fiscalía asegura es que Leyva Durán utilizó tres actos administrativos para sabotear la licitación 001 de 2023. El proceso iba bien encaminado: un comité evaluador ya había recomendado adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplía todos los requisitos y tenía la mejor calificación, incluso ya estaba programada la audiencia pública de adjudicación. Pero el 13 de septiembre de 2023, Leyva firmó la Resolución 7485 declarando desierta la licitación con un argumento que, según las autoridades, no tenía piso legal: que existía un único oferente.

Cuando la unión temporal presentó un recurso de reposición, fue rechazado. Y aquí viene lo que parece ser el movimiento más controversial: ese mismo día, el entonces canciller expidió otro acto administrativo declarando urgencia manifiesta. Esto le permitió saltarse el proceso de licitación y hacer adjudicación directa del contrato. La fiscal delegada ante la Corte Suprema subrayó que estas decisiones pusieron en riesgo tanto la continuidad en la producción de pasaportes como el derecho fundamental de los ciudadanos a entrar y salir libremente del país.

Lo que agrava la situación es que, según la investigación, Leyva Durán tuvo la oportunidad de corregir lo que había hecho pero simplemente no lo hizo. En cambio, ratificó su actuación, lo que la Fiscalía interpreta como evidencia de intención deliberada.

Vale recordar que la Procuraduría ya había castigado al excanciller. En 2024, lo destituyó e inhabilitó por 10 años después de hallarlo responsable de faltas gravísimas. En aquella sentencia, la Sala Disciplinaria fue clara: "La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar de cierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales".

La Sala también dejó establecido que Leyva no tenía base legal para declarar desierta una licitación solo porque había un único oferente. "En el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas", dice el fallo. Y lo más grave: según los jueces, él sabía que estaba cometiendo un error pero esperó hasta el informe final de evaluación para declarar desierta la licitación, cuando habría tenido tiempo de corregir el camino.