La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en la investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, radicando formalmente la acusación por tráfico de influencias. Los fiscales sostienen que el ejecutivo abusó de su posición jerárquica para favorecer intereses comerciales privados en asuntos que corresponden a la empresa estatal.

Según el expediente penal, entre agosto y octubre de 2024, Roa habría interferido indebidamente en los procesos de contratación de Hocol, la filial petrolera. Para ello, la Fiscalía afirma que el presidente dio instrucciones directas y repetidas a Luis Enrique Rojas, titular de esa compañía, con el objetivo de que se le asignara el megaproyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S.

Las investigaciones revelan que las coordinaciones entre Roa y Rojas ocurrieron en tres momentos: primero, el 20 de agosto de 2024 durante un almuerzo en un restaurante de Chapinero; luego, semanas después en las oficinas principales de Ecopetrol en Bogotá; y finalmente, en octubre del mismo año, después de una reunión de junta directiva, donde Roa supuestamente exigió quedarse a solas con Rojas para ratificar la adjudicación a favor de la empresa favorecida.

Lo que hace más grave la acusación es el beneficio económico que Roa habría recibido a cambio. Según las pruebas que maneja la Fiscalía, el ejecutivo compró un lujoso apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá, de propiedad del contratista Juan Guillermo Mancera, por 1.800 millones de pesos. Sin embargo, los avalúos comerciales y catastrales reales del mercado fijaban el valor del inmueble en 2.727 millones de pesos, lo que significa un descuento sospechoso de 927 millones de pesos, equivalente a un 34 por ciento de rebaja.

Ahora que la acusación ha sido radicada formalmente, el caso quedará sujeto al reparto aleatorio entre los diferentes juzgados penales de conocimiento de Bogotá, donde se decidirá quién llevará adelante el juicio.