La Fiscalía General de la Nación presentó formal acusación contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Con este paso, el proceso avanza hacia la etapa de juicio y se espera que en las próximas semanas se defina la fecha para que Roa enfrente la audiencia donde se sustanciarán los cargos.

El caso tiene sus raíces en la compra de un apartamento ubicado en el edificio Entre Parques, en el norte de Bogotá. Según la investigación, Roa adquirió el inmueble por 1.800 millones de pesos, cuando su valor comercial real en el mercado estaba tasado en 2.727 millones. Esa diferencia representa un descuento cercano al 34 por ciento, equivalente a beneficio de aproximadamente 927 millones de pesos. Detrás de ese negocio estuvo el empresario Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado del Ejército quien facilitó el descuento en cuotas sin intereses y mantenía una relación cercana con Roa antes de que este llegara a dirigir la petrolera estatal.

La hipótesis fiscal sostiene que una vez Roa asumió su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol, utilizó indebidamente su cargo para retribuir el beneficio financiero que había recibido en la transacción inmobiliaria. Entre agosto de 2024 y enero de 2025, según la Fiscalía, Roa ejerció presiones indebidas sobre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol (filial de Ecopetrol), con el objetivo de direccionar de manera irregular el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, ubicado en La Guajira, hacia la firma Gaxi ESP SAS, propiedad de Mancera.

Durante las audiencias preliminares, Roa se declaró inocente de los cargos que le imputa la Dirección Especializada contra la Corrupción. Su defensa técnica calificó las acusaciones como confusas y cuestionó los argumentos que vinculan la compra del apartamento con una conducta punible.

Pese a la gravedad de la acusación, la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esto significa que Roa afrontará las siguientes fases del proceso en libertad, mientras el sistema judicial define los detalles de las próximas audiencias.